El Ejecutivo nacional avanzó con una modificación clave en el pliego del concurso público que permite la adjudicación, por 30 años (con opción de prórroga), de las cuatro represas más importantes del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La resolución oficial (1569/2025) y la Circular Modificatoria N°4 actualizan los términos del proceso y fijan el marco para que los futuros operadores asuman la explotación a cambio del pago de un canon anual y compromisos de mantenimiento y cumplimiento ambiental. 

La venta forma parte del plan del Gobierno de fragmentar y privatizar activos del sector energético que se inició con la reconfiguración de Enarsa en 2024 y la creación de sociedades anónimas interinas encargadas de administrar temporalmente estos complejos. El objetivo oficial es cerrar las ofertas antes de fin de año y adjudicar durante el primer trimestre de 2026.

Estas centrales, ubicadas a lo largo de las cuencas de los ríos Limay y Neuquén, representan cerca del 20% de la generación hidroeléctrica nacional y cumplen además funciones críticas para la regulación de caudales, el riego y la actividad turística en la región. Por eso la medida generó rechazo inmediato en los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro, que reclamaron ser parte de las decisiones y advirtieron sobre el impacto territorial y productivo. 

Entre las principales críticas están los riesgos asociados a la “dolarización” de ingresos y cláusulas de ajuste por inflación vinculadas a monedas extranjeras, un punto señalado por exfuncionarios y especialistas que consideran que esos términos pueden generar tensiones si la macroeconomía se deteriora. También se expresaron reservas desde sindicatos y organizaciones locales por la venta del control energético a actores privados. 

El pliego modificado incluye detalles técnicos y anexos revisados tras consultas de empresas interesadas; los adjudicatarios deberán presentar propuestas técnicas y económicas antes del cierre del llamado. El esquema prevé que, además del canon, los privados asuman obligaciones de mantenimiento y estándares ambientales durante la concesión, aunque aún faltan estudios públicos que garanticen cómo se supervisará y fiscalizará el cumplimiento a largo plazo.

El paso anunciado redefine de manera estructural el mapa energético del país: para el Gobierno supone una oportunidad para atraer inversiones y eficiencia operativa; para las provincias y sectores críticos, representa una transferencia de control sobre activos estratégicos que hasta ahora cumplían un rol central en la regulación hídrica y energética de la región. El debate público y judicial que seguirá marcará el ritmo de la implementación