En una movida proteccionista sin precedentes, el presidente de Estados Unidos anunció su intención de imponer un arancel del 100 % a todas las películas producidas fuera del país que se proyecten en el mercado estadounidense. La medida, aún sin detalles concretos en cuanto a implementación y alcance, busca favorecer el cine nacional frente a lo que se percibe como competencia extranjera desleal.

Según las declaraciones oficiales, la industria cinematográfica de EE. UU. estaría “muriendo rápidamente” ante el auge de incentivos otorgados por gobiernos de otros países para atraer rodajes internacionales. Por eso, el Gobierno autorizó al Departamento de Comercio y a la Oficina del Representante Comercial a iniciar el proceso legal para establecer los gravámenes.

Este anuncio generó un fuerte debate: la naturaleza misma del cine pone en cuestión cómo se aplicaría un arancel de este tipo. Muchas películas con financiamiento estadounidense se filman en locaciones globales. ¿Afectaría también a series de televisión? ¿Cuál sería la jurisdicción real de la medida? Hasta ahora, esas interrogantes no tienen respuesta oficial.

Además, esta decisión coincide con una escalada comercial: recientemente, EE. UU. gravó importaciones chinas con tasas que superan el 145 %, lo que provocó represalias por parte de Pekín. En ese marco, el anuncio sobre el cine puede leerse como otro frente en una estrategia más amplia de defensa de la producción local.

Desde el mundo cinematográfico ya se escuchan advertencias. Expertos del sector temen que la medida no solo pueda limitar la oferta cultural, sino también desatar respuestas similares de otros países contra el cine estadounidense. En un panorama globalizado, tambalear las reglas de acceso puede tener consecuencias para acuerdos, coproducciones y la circulación internacional del arte.