En las últimas semanas la defensa argentina logró consolidar una docena de respaldos internacionales que se incorporaron al expediente de apelación en Nueva York, en el marco del litigio por la expropiación de YPF. Entre las presentaciones figuran gobiernos y organizaciones destacadas —incluyendo a Estados Unidos e Israel— que actuaron como amicus curiae en favor de la posición argentina. 

La participación estadounidense merece mención especial: el Departamento de Justicia de EE. UU. reiteró su apoyo por tercera vez en un año, argumentando que la ejecución de activos soberanos extraterritoriales (como pretenden los demandantes) resulta incompatible con normas del derecho interno norteamericano y con el derecho internacional consuetudinario. Ese planteo añade un peso jurídico y diplomático relevante a la defensa del país. 

Además de Estados Unidos e Israel, otros países y actores que manifestaron respaldo incluyen a Italia, Francia, Ecuador, Uruguay, Chile, Rumania y Ucrania, así como instituciones privadas y cámaras —entre ellas AmCham Argentina, el Bank Policy Institute y la American Bankers Association— que presentaron escritos técnicos o diplomáticos en el expediente. Estas adhesiones buscan explicar al tribunal por qué sostener la obligación de entrega de acciones podría generar efectos contradictorios con principios de inmunidad soberana y de seguridad jurídica internacional. 

¿Qué significa esto en la práctica? Los apoyos no garantizan un resultado automático, pero sí influyen en el contexto legal y político en el que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito deberá decidir. Los amicus curiae aportan análisis jurídicos, antecedentes y argumentos que los jueces considerarán al revisar si la decisión de primera instancia fue aplicada correctamente. La audiencia de alegatos orales está prevista para fines de octubre; tras esa instancia, los magistrados evaluarán el caso y podrán ratificar, revertir, dejar sin efecto o devolver la causa al tribunal inferior con instrucciones. 

Desde la óptica diplomática, el flujo de apoyos revela también un esfuerzo del Gobierno por internacionalizar la defensa y mostrar que la postura argentina está respaldada por preocupaciones compartidas sobre la ejecución de bienes soberanos fuera de su territorio. En suma: el expediente se transforma en un cruce entre derecho internacional, intereses económicos y consideraciones geopolíticas que trascienden el conflicto privado entre partes. 

El desenlace dependerá de la interpretación legal que hagan los jueces del Segundo Circuito, pero hasta entonces Argentina ganó tiempo (y argumentos) en una disputa cuyo impacto económico y político puede ser sostenido si prospera la exigencia de pago por US$16.000 millones que figura en el fallo de primera instancia.