En los últimos días la tensión entre Estados Unidos y China escaló a otro nivel: el Gobierno de Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles de hasta 100% sobre las importaciones chinas si Pekín sigue adelante con nuevas restricciones a la exportación de tierras raras —insumos críticos para la industria tecnológica— mientras que funcionarios del Tesoro han planteado la posibilidad de ampliar una pausa temporal en esos aranceles si China retrocede en sus controles. Estas declaraciones dejan el tablero abierto entre la presión proteccionista y una tímida ventana diplomática para negociar. 

El trasfondo es estratégico: China concentra gran parte de la extracción y el refinado de tierras raras, lo que le otorga poder sobre cadenas globales de alta tecnología. Esa dependencia motivó respuestas duras de funcionarios estadounidenses, que describieron las nuevas reglas chinas como un intento de “dominar” suministros críticos y pusieron sobre la mesa medidas que van desde aranceles extraordinarios hasta mayor intervención estatal en industrias clave. 

Aun así, hay signos de diplomacia táctico-pragmática. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que podría contemplarse una extensión de la tregua arancelaria más allá de los 90 días si China frena las medidas que afectan a las tierras raras; la Casa Blanca y la USTR han dejado abierta la puerta a negociar mientras se preparan respuestas más duras en caso de que Pekín no modifique su postura. En paralelo, el presidente Trump lanzó advertencias públicas fuertes, calificando la situación como una “guerra comercial” si se llega a un choque total.

Las implicancias económicas y geopolíticas son amplias: de confirmarse controles más estrictos por parte de China, sectores como la electrónica, las energías renovables y la defensa podrían enfrentar interrupciones y mayores costos; si EE. UU. responde con aranceles masivos, el impacto podría recalibrar rutas de comercio, cadenas de suministro y alianzas industriales en todo el mundo. Los próximos encuentros diplomáticos y las conversaciones entre funcionarios serán claves para definir si predominan la desescalada negociada o la confrontación económica abierta.