Hoy marca una jornada crucial en Nueva York: la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito debe determinar si mantiene las protecciones legales que impiden que Argentina entregue el 51 % de las acciones de YPF a los fondos acreedores, o si levanta esa suspensión. Este fallo —resultado del juicio que exige una indemnización de más de US$ 16.100 millones— podría significar la pérdida del control accionario de una de las principales petroleras del país .
La orden original fue emitida por la jueza Loretta Preska el 30 de junio: reclamar las acciones de YPF como pago por la nacionalización de 2012, sin haber ofrecido una oferta pública a todos los inversores, como exigían los estatutos de la empresa en la Bolsa de Nueva York . La judicatura suspendió entonces esa orden temporalmente, mientras se tramitan las apelaciones correspondientes.
La definición que se conocerá hoy podría tener tres escenarios posibles:
Mantener la suspensión y darle más aire al Gobierno argentino para continuar con la apelación.
Levantar la cautelar e incluso exigir que se ofrezcan otros activos como garantía.
Avalar una solución intermedia que permita reemplazar las acciones de YPF por otros activos, como bonos.
El fallo llega en un contexto delicado: Argentina carece de autoridad del Congreso para transferir esas acciones, según la Ley 26.741, y además sostiene que perder el control de YPF podría comprometer su soberanía y estabilidad económica.
En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya adelantó un respaldo formal al país ante la Cámara de Apelaciones, reafirmando la postura gubernamental basada en la inmunidad soberana y la imposibilidad práctica de ejecutar una entrega forzosa de acciones en otro país.
Resumen de la jornada:
Qué se decide: si se mantiene o no la suspensión de la entrega del 51 % de YPF.
Qué podría pasar: mantener la cautelar, levantarla o negociar con otros activos.
Por qué importa: el fallo afecta la soberanía, la estrategia legal de Argentina y su acceso a financiamiento internacional.
