La semana pasada, el Poder Ejecutivo reguló el primer capítulo del compendio legislativo, lo que le permitirá avanzar con las reformas planeadas al inicio de su gestión. En los próximos seis meses, el Gobierno privatizará cuatro centrales hidroeléctricas, como parte de su plan de concesiones. La administración de Javier Milei reglamentó recientemente la primera parte de la legislación contemplada en la ley Bases, con el objetivo de continuar con las reformas, incluida la privatización de empresas estatales.

Este lunes se dio el primer paso en el proceso de privatización, a través del decreto 718/204 publicado en el Boletín Oficial. El Gobierno ha iniciado la concesión de cuatro empresas hidroeléctricas: Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que actualmente operan bajo prórrogas temporales.

El artículo 6 del decreto establece que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la norma, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía convocará a un Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y ágil, para vender el paquete accionario mayoritario o controlador de las mencionadas empresas. La norma también ordena a ENARSA y NASA transferir las acciones de las empresas a privatizar a la Secretaría de Energía en un plazo de seis meses para formalizar el proceso.

Además, la Secretaría de Energía está autorizada para definir las pautas del Concurso Público, que deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el período de concesión y anexos mínimos como: Contrato de Concesión, perímetro y descripción, inventario, seguridad de presas y embalses, manejo de aguas, guardias permanentes, protección ambiental, seguros, y obras obligatorias. En caso de que el proceso de privatización no tenga interesados, las acciones volverán al Estado.

El artículo 1 del decreto también indica que los actuales concesionarios seguirán operando las hidroeléctricas hasta que se complete el proceso de privatización.

En esta primera etapa, la reglamentación se realizó a través del decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual el Ejecutivo estableció la normativa correspondiente al Título II, que abarca modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en procesos administrativos y privatización de empresas públicas. Se determinó que el ministro o secretario de la Presidencia con jurisdicción sobre la empresa a privatizar debe presentar un informe al Poder Ejecutivo con una propuesta concreta sobre el procedimiento y modalidad más adecuada para la privatización.

Pasos a seguir para la privatización de empresas

El documento debe incluir los siguientes aspectos: el alcance total o parcial de la privatización propuesta y su justificación; las alternativas de procedimientos más adecuadas para cada caso; las modalidades consideradas convenientes para llevar a cabo la privatización; el método de selección previsto y los plazos estimados para cada etapa del proceso; y una posible propuesta para otorgar preferencias según el artículo 16 de la Ley Nº23.696, así como la posible aplicación de un Programa de Propiedad Participada, especificando los tipos de adquirentes y la proporción del capital accionario que se incluiría en dicho programa. Una copia de este informe se enviará a la Comisión Bicameral del Congreso.

Una vez que el Ejecutivo otorgue la autorización pertinente, el funcionario podrá iniciar los procedimientos necesarios para la privatización. Posteriormente, el Gobierno detalló los pasos a seguir para invitar a las ofertas del sector privado.

Antes de formalizar los contratos resultantes de los procedimientos establecidos en este Capítulo, la Autoridad de Aplicación debe involucrar a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación en las actuaciones correspondientes. Además, si la Procuración hace alguna observación o sugerencia al contrato, se deberá elaborar un nuevo informe.

Empresas potencialmente sujetas a privatización:

• Nucleoeléctrica Argentina
• Yacimientos Carboníferos de Río Turbio
• Intercargo
• Enarsa

Empresas sujetas a privatización o concesión:

• AySA
• Trenes Argentinos
• Belgrano Cargas
• Corredores Viales