En una decisión que generó amplio impacto, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó este miércoles que no renovará los contratos de 1400 trabajadores como parte de un proceso de reestructuración que lleva adelante la cartera. Según explicaron desde el organismo, la medida responde al reordenamiento de funciones y políticas sanitarias, con el objetivo de optimizar recursos humanos en el sector.

La resolución fue anunciada a través de un comunicado oficial, en el cual se aseguró que esta decisión no afectará el normal desarrollo de las actividades y destacó que se enmarca en un contexto de ajuste que ya incluyó la eliminación del 30% de los cargos políticos durante los primeros días del año.

El presidente Javier Milei expresó su apoyo a la medida mediante un mensaje en sus redes sociales: “Afuera, seguimos con la motosierra”, publicó, celebrando el anuncio.

Desde el Ministerio, liderado por Mario Lugones, se argumentó que la decisión se basa en la detección de irregularidades en los contratos, incluyendo duplicación de funciones, incumplimiento de tareas y contrataciones que datan de la gestión anterior. Además, aclararon que el recorte no solo afecta al personal de la cartera de Salud, sino también a organismos descentralizados como PAMI, ANMAT, Sedronar, ANDIS, ANLIS-Malbrán, y al Inareps, así como a hospitales nacionales como el Posadas, Sommer, Favaloro, Bonaparte y otros.

En el comunicado, se señaló que “durante 2024 se avanzó en la regularización de diferentes escenarios encontrados, diseñando una estrategia para optimizar los recursos humanos contratados por el Ministerio y sus dependencias”.

La cartera también subrayó que estas medidas están orientadas a garantizar una gestión más transparente y eficiente, en línea con su compromiso de cuidar los recursos de todos los argentinos.

Antecedentes de ajustes previos

La decisión de no renovar contratos se suma a medidas similares adoptadas en 2024, como la eliminación del Programa Nacional de Becas de Salud Comunitaria, que se discontinuó tras una auditoría que reveló gastos excesivos y falta de cumplimiento de sus objetivos. El programa, creado en 2002, había sido diseñado para financiar a médicos y equipos de salud comunitaria, pero con el tiempo se había desvirtuado, según fuentes oficiales.

De acuerdo con el vocero presidencial, Manuel Adorni, los 2368 beneficios otorgados a lo largo del programa se habían transformado en muchos casos en sobresueldos para empleados de municipios, principalmente en la provincia de Buenos Aires. La auditoría reveló que el plan costó al Estado 1.432 millones de pesos en 2023 sin resultados significativos.

La medida se enmarca en una estrategia más amplia que el Ministerio planea mantener a lo largo de 2025, enfocándose en la refuncionalización de programas y la eficiencia en la asignación de recursos, con énfasis en garantizar beneficios concretos para la población.