Marzo será otro mes crucial para más de 40 mil trabajadores estatales que no forman parte de la planta permanente. Estos empleados volverán a enfrentarse al incierto panorama de la renovación contractual, sumado a la controvertida exigencia del “examen de idoneidad”, una medida promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Aunque la mayoría (95%) de los trabajadores aprobó esta evaluación, la posibilidad de despidos sigue siendo una amenaza latente.

En respuesta a las advertencias de los gremios estatales sobre un endurecimiento de su plan de lucha, el Gobierno decidió renovar los contratos de estos empleados hasta fines de marzo. Sin embargo, esta renovación se realiza bajo la misma modalidad precaria, perpetuando la incertidumbre laboral.

Renovación temporaria y precarización laboral 😓

La extensión de contratos por solo tres meses mantiene a miles de trabajadores bajo el Artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, diseñado para situaciones transitorias o estacionales. Esto implica que el ciclo de incertidumbre continuará, mientras se somete a los empleados a nuevas evaluaciones y decisiones arbitrarias por parte de sus superiores.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, se implementaron medidas que apuntan a reducir drásticamente la dotación del Estado. Entre ellas, el cuestionado examen de idoneidad, que busca justificar despidos masivos bajo la promesa de una “administración más eficiente”. Sin embargo, los gremios aseguran que el verdadero objetivo es avanzar con un ajuste que ya dejó sin empleo a 35 mil trabajadores.

Contratos en revisión y nuevos despidos 🚫

Mientras el Gobierno insiste en continuar con esta política, los sindicatos han denunciado que más de 55 mil empleados están en peligro, sumando a los monotributistas y a los vinculados a entes cooperadores. Por ejemplo, 2.400 trabajadores asociados al convenio entre el Ministerio de Justicia y ACARA ya fueron desvinculados. Además, organismos como el Centro Cultural Haroldo Conti y Parques Nacionales también han registrado despidos significativos.

En paralelo, los decretos 1148/24 y 1149/24 establecieron congelamientos de contrataciones y restricciones adicionales. Según estas normativas, cualquier alta de personal deberá estar acompañada de la baja de tres empleados existentes, intensificando el ajuste.

Evaluaciones y futuro laboral incierto ⚖️

Los empleados que logren aprobar las evaluaciones podrán acceder a una extensión de contrato hasta 2025, siempre que sean considerados indispensables por sus superiores. No obstante, el margen de seguridad es estrecho, y los despidos podrían ampliarse si no se cumplen las metas de ajuste definidas por la administración actual.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha advertido que estas políticas no solo afectan a los empleados públicos, sino también a la calidad de los servicios esenciales que dependen de estas áreas. Con más de 200 despidos reportados en instituciones como IOSFA y la prohibición de nuevas contrataciones, el impacto del ajuste se siente en todos los niveles del Estado.

Hacia un Estado reducido y centralizado 🛠️

En el marco de la promesa de una “motosierra” para reducir el tamaño del Estado, el Gobierno también avanzó en la renegociación de convenios colectivos y escalas salariales. Mientras tanto, las entidades del sector público nacional se ven limitadas por un presupuesto más ajustado y medidas estrictas que buscan optimizar recursos.

A medida que se acerca marzo, el futuro de miles de empleados públicos sigue siendo incierto. Los gremios prometen intensificar las movilizaciones, mientras el Gobierno mantiene firme su postura de ajuste. En este complejo escenario, la estabilidad laboral de miles de familias pende de un hilo, reflejando el profundo impacto social de estas decisiones políticas.