El presidente Javier Milei firmó un decreto este sábado que da inicio al proceso de privatización total de Belgrano Cargas y Logística S.A. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó que el Estado dejará de operar los servicios ferroviarios de carga, incluyendo toda su infraestructura, material rodante, vías, talleres e inmuebles.

Este movimiento había sido anticipado en noviembre por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en su informe ante el Senado justificó la decisión argumentando que la empresa presenta un alto costo financiero. Según Francos, Belgrano Cargas es deficitaria y requiere subsidios por un total de 112 millones de dólares. Desde el Gobierno sostienen que, sin intervención estatal, el servicio podría mejorar en eficiencia.

No obstante, la medida ha generado tensión con los trabajadores ferroviarios. A finales de enero, el sindicalista Omar Maturano anunció que el 1 de marzo los conductores afiliados a La Fraternidad no prestarán servicio como forma de protesta. Maturano destacó que esta acción conmemora la nacionalización de los ferrocarriles ocurrida el 1 de marzo de 1948 durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Además, solicitó al Gobierno la apertura de un canal de diálogo para abordar los problemas que afectan al sector y otras áreas como la educación, salud y jubilaciones.

Nuevas privatizaciones en la agenda gubernamental

El Ejecutivo mantiene su estrategia de privatización de empresas públicas. En este contexto, una de las primeras en este proceso es la metalúrgica IMPSA, especializada en soluciones para generación de energía. La compañía estadounidense ARC Energy ha manifestado interés en adquirirla, aunque aún no se ha cerrado el acuerdo. La firma solicitó una prórroga hasta el 10 de febrero para renegociar la deuda con los acreedores, condición que considera clave para avanzar en la compra.

Asimismo, en enero se puso en marcha la licitación de corredores viales estratégicos para el comercio del Mercosur. Entre ellos, destacan las rutas 12 y 14, que conectan Buenos Aires con Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Actualmente, estos tramos están bajo la administración de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuyo contrato vence el 9 de abril. La empresa reclama al Estado Nacional 300 millones de dólares por presuntos incumplimientos contractuales y atrasos en los ajustes tarifarios. En respuesta, propuso extender su concesión a cambio de retirar la demanda y aplicar un aumento del 140% en el peaje de Zárate.

El plan de concesión abarca más de 8.000 kilómetros de rutas en distintas provincias, incluyendo la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la 18 en Entre Ríos y la 19 en Córdoba, lo que representa un cambio en el esquema de gestión vial.

Detalles del decreto 67/2025

El lunes 10 de febrero, el Gobierno oficializó la privatización del Belgrano Cargas a través del decreto 67/2025. Este establece un esquema de «desintegración vertical» de la empresa, separando sus actividades y bienes en distintas unidades de negocio. El material rodante será subastado mediante remate público, y los fondos recaudados se destinarán a un fideicomiso para financiar obras ferroviarias. En paralelo, las vías y los inmuebles aledaños serán concesionados a través de licitaciones nacionales e internacionales bajo el régimen de obra pública.

La decisión ha generado críticas entre especialistas del sector, quienes cuestionan la modalidad de concesión y los posibles impactos en la operatividad del sistema ferroviario de carga.