El primer lote está compuesto por 59 empresas 🏢, y según el Presidente, transferirlas al sector privado es clave en su batalla “contra la casta política” . El Gobierno está evaluando seis mecanismos para llevar a cabo el proceso.
Fuentes cercanas a la Casa Rosada han revelado que el presidente Javier Milei ha dado instrucciones claras para acelerar el proceso de privatización de empresas que actualmente se encuentran bajo control del Estado Nacional. El primer lote de compañías está compuesto por 59 entidades, que están siendo evaluadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Martín Chaher, quien cuenta con el respaldo de un equipo de unos 30 profesionales. Este grupo inicial de empresas, según las fuentes, abarca 11 jurisdicciones estatales, y la intención del Gobierno es ampliar considerablemente este número. Chaher reporta directamente a Santiago Caputo, y su oficina opera en la misma área que la del asesor presidencial.
Aunque existe una decisión política firme de avanzar rápidamente en las privatizaciones, desde el ámbito oficial admiten que el proceso enfrenta varios obstáculos, principalmente debido a la confluencia de intereses económicos y diferentes niveles de decisión política. “Hay muchas voces opinando”, comentan. Incluso, algunos consideran que se necesitaría a alguien como Roberto Dromi, quien fue clave en las privatizaciones durante el gobierno de Carlos Menem, para llevar adelante este ambicioso plan. En el entorno del Presidente, aseguran que con estas privatizaciones se cerraría “una fuente de ingresos de los políticos corruptos”. Para Milei, la transferencia de estas empresas a manos privadas es esencial en su lucha contra la “casta política”. Según fuentes cercanas al mandatario, incluso si una empresa es rentable, será privatizada, ya que en la órbita pública, eventualmente, los políticos la llevarían a la quiebra.
Actualmente, entre las empresas bajo análisis se encuentran Aerolíneas Argentinas, Intercargo, la Administración General de Puertos, Concesiones Viales, varias compañías ferroviarias, ARSAT, ENARSA, IMPSA, la Casa de la Moneda, los bancos Nación, Hipotecario y BICE, Fabricaciones Militares, Tandanor, AySA y la televisión pública.
El enfoque del Gobierno va más allá de una simple privatización, ya que están analizando detalladamente la situación de cada empresa para evaluar cuáles son los segmentos que tienen valor y qué mecanismos de privatización serían los más adecuados. El plan contempla seis posibles caminos:
- Privatización: Mediante IPO (Oferta Pública Inicial), ya sea total o parcial.
- Concesión: Para empresas o unidades específicas.
- Transformación: Escisiones patrimoniales, venta de activos o cesión de unidades no estratégicas.
- Cesión: A las provincias.
- Cierre: Liquidación o fusión por absorción.
- Socios estratégicos: A través de contratos asociativos.
Este proceso tiene tres etapas clave: la “Definición”, que tomará entre dos y tres meses, para cerrar balances y establecer las modalidades de privatización; la “Preparación”, también de dos a tres meses, que implica la convocatoria pública y la evaluación de ofertas; y finalmente la “Ejecución”, en la que se recomendará la adjudicación y se resolverán eventuales impugnaciones.
Entre los casos más destacados, se menciona que AySA podría ser gestionada por un operador privado fuerte, mientras que ARSAT planea abrirse al mercado bursátil en 2025. La privatización total de Aerolíneas Argentinas no parece viable por ahora, aunque algunas áreas podrían desincorporarse para reducir su tamaño. En otros sectores, como el nuclear y las telecomunicaciones, también se plantean divisiones estratégicas para facilitar la entrada de socios privados.
