
La justicia de Estados Unidos dio un nuevo golpe a la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF: el fallo ordena al país transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes, un revés judicial sin precedentes que reaviva la tensión financiera y política en los mercados locales.
El juez Thomas Griesa había sido quien inicialmente avaló que el caso avanzara en los tribunales estadounidenses, pero ahora la jueza Loretta Preska confirmó lo que muchos temían: la Argentina deberá desprenderse del control accionario que actualmente mantiene sobre la empresa más estratégica del país.
🔍 Qué dice el fallo
Preska dictaminó que el Estado argentino deberá realizar la transferencia accionaria a Petersen Energía Inversora y Eton Park, los fondos que iniciaron la demanda tras la estatización de YPF en 2012, alegando no haber recibido la oferta pública de adquisición obligatoria por ley.
Esto no implica que los fondos pasen a controlar YPF de inmediato, ya que la ejecución del fallo podría demorar, y la Argentina aún puede apelar. Sin embargo, el mensaje al mercado es claro: la estrategia judicial no dio resultados y la sentencia avanza.
📉 Reacción del mercado: acciones e inversores en alerta
En medio de la incertidumbre, los bonos argentinos en dólares retrocedieron, y las acciones de YPF —tanto en Wall Street como en Buenos Aires— volvieron a la baja, luego del rebote especulativo de días anteriores.
El dólar financiero mostró una mayor sensibilidad: el CCL y el MEP registraron leves subas, alimentadas por la expectativa de un escenario más complejo para las cuentas públicas si se concreta el pago multimillonario que exige el fallo, cercano a los 16.000 millones de dólares.
🔮 ¿Qué puede pasar ahora?
El gobierno argentino podría apelar la sentencia ante instancias superiores en EE.UU., pero los expertos advierten que el margen de maniobra es limitado y que la ejecución forzada de las acciones podría comenzar a planificarse en paralelo.
Además, persiste la incógnita sobre cómo impactará este fallo en la ya delicada credibilidad jurídica de Argentina frente a inversores internacionales, algo que el oficialismo busca recomponer mientras avanza en su plan de reformas.