El Gobierno nacional oficializó este lunes 4 de agosto el veto total a tres proyectos de ley aprobados recientemente por el Congreso: el aumento de haberes jubilatorios mediante una nueva fórmula de movilidad, la moratoria previsional para acceder a la jubilación sin 30 años de aportes, y la declaración de emergencia nacional en discapacidad.
La decisión fue tomada por el presidente Javier Milei y publicada en el Boletín Oficial. En los considerandos, el Ejecutivo argumentó que las iniciativas “implican un gasto público desmesurado, sin una fuente de financiamiento clara y con un alto impacto fiscal”. Además, sostuvo que afectan los objetivos de déficit cero y las metas macroeconómicas del plan de gobierno.
¿Qué dicen los proyectos vetados?
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Nueva fórmula jubilatoria
La ley proponía una actualización automática de las jubilaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una mejora adicional del 8,1%. El Gobierno argumentó que el ajuste generaría un gasto adicional del 0,43% del PBI para 2025, considerado “inadmisible” en el marco del plan de ajuste fiscal. -
Moratoria previsional
Permitía que personas sin 30 años de aportes pudieran acceder a una jubilación mínima. El oficialismo considera que este mecanismo amplía el universo de beneficiarios sin recursos para sostenerlo, representando un compromiso económico “insostenible”. -
Emergencia en discapacidad
Buscaba garantizar atención integral, accesibilidad, financiamiento y cobertura de prestaciones básicas para personas con discapacidad, ante los numerosos recortes denunciados por organizaciones del sector. El veto se justificó en razones similares: falta de previsión presupuestaria.
¿Puede el Congreso revertir el veto?
Sí. Según el procedimiento legislativo, para anular un veto presidencial se requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, este escenario es altamente improbable, dado el actual equilibrio de fuerzas en Diputados y el Senado.
