El Gobierno argentino anunció una reforma significativa en su régimen migratorio, implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta medida busca reforzar el control sobre el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
Principales cambios introducidos:
Prohibición de ingreso a condenados: Se impedirá la entrada al país de extranjeros con antecedentes penales.
Deportación de infractores: Los extranjeros que cometan delitos en Argentina serán deportados, independientemente de la gravedad del delito.
Requisitos económicos para residencia: Se establecerán criterios financieros más estrictos para la obtención de la residencia permanente, incluyendo la necesidad de demostrar medios de vida suficientes.
Cobro por servicios públicos: Los residentes temporarios y transitorios deberán abonar por los servicios de salud y educación universitaria, salvo que cuenten con un seguro médico.
Restricciones para la ciudadanía: La obtención de la ciudadanía argentina requerirá una residencia continua de al menos dos años o la realización de una inversión significativa en el país.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó estas medidas señalando que buscan restaurar el orden y la equidad en el acceso a los recursos del Estado argentino. Asimismo, destacó que en los últimos años se ha registrado un ingreso significativo de inmigrantes irregulares, lo que ha generado presión sobre los servicios públicos .
Estas reformas han generado diversas reacciones en la sociedad y en el ámbito político, con opiniones divididas sobre su impacto y eficacia.
