En los primeros 17 meses de la presidencia de Javier Milei, el Gobierno argentino ha implementado una significativa reducción en la plantilla del sector público, eliminando aproximadamente 48.000 puestos de trabajo, lo que representa una disminución del 9,6% en el empleo estatal.

Este ajuste forma parte de una estrategia más amplia de austeridad fiscal y reestructuración del Estado, liderada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la dirección de Federico Sturzenegger. Según informes oficiales, esta medida ha generado un ahorro anual estimado en 1.885 millones de dólares, considerando tanto los salarios como los costos asociados a infraestructura laboral.

El recorte ha afectado principalmente a la Administración Pública Nacional (APN), que redujo su personal en un 13,7%, y a las empresas estatales, con una disminución del 16,4%. Los contratos bajo la Ley Marco fueron los más impactados, con un ahorro anual en sueldos de 231 millones de dólares y un total de 462 millones al incluir otros gastos.

El objetivo declarado del Gobierno es consolidar el superávit fiscal y reducir el gasto público. La proyección de superávit para este año es del 1,6% del PBI, superior a la meta del 1,3% establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que implica una contracción adicional del gasto público.

Estas medidas se enmarcan en una política de reforma estructural del Estado, que incluye la reducción de ministerios, secretarías y subsecretarías, así como la revisión de contratos y gastos en todas las dependencias gubernamentales.

La administración de Milei sostiene que estas acciones son necesarias para estabilizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo.