El Gobierno nacional dio el primer paso firme hacia la privatización total de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento. Con la presentación del proyecto ante la Cámara de Diputados, se plantea vender el 100% de las acciones que hoy están en manos del Estado. La propuesta incluye una serie de medidas que tendrán un impacto directo en los usuarios, tanto en lo económico como en el acceso al servicio.

Entre los puntos más sensibles del proyecto figura la posibilidad de interrumpir el suministro de agua a quienes tengan facturas impagas, algo que hoy está prohibido por ley. Además, las tarifas se ajustarán trimestralmente según inflación y por el impacto de futuras obras de infraestructura.

Con esta medida, el Estado renunciaría completamente a su rol como regulador del acceso al agua, y lo dejaría en manos de operadores privados. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para avanzar con privatizaciones masivas y desregulación de servicios públicos, en línea con el enfoque de mercado propuesto por la actual administración.

Según lo anunciado, se garantizará la continuidad de los trabajadores por un plazo de cinco años, pero no se especificaron cláusulas que aseguren condiciones laborales ni mecanismos de control sobre los nuevos operadores. Tampoco queda claro cómo se definirá la estructura tarifaria una vez en manos privadas, más allá de los aumentos periódicos anunciados.

La discusión está abierta, y el debate promete ser intenso: ¿es este el camino para mejorar la eficiencia del servicio, o se está dejando en manos del mercado un recurso esencial para la vida?