El gobierno de Javier Milei dio un paso decisivo al decidir no renovar el convenio que permitía la instalación del segundo radar/observatorio espacial chino en El Leoncito, provincia de San Juan. 
La estación —denominada Radiotelescopio Argentino‑Chino (CART), de unas dimensiones considerables (reflector principal ~40 m), estaba prevista como la segunda antena de Beijing en Argentina, tras la ya operativa en Neuquén. 

La decisión responde a una combinación de factores: cuestionamientos sobre la cesión de soberanía científica y tecnológica, inquietudes de seguridad a nivel hemisférico (en especial desde EE.UU.), y presuntas irregularidades en la documentación y el envío de equipos desde China.
El acuerdo original le habría asignado al país asiático un 60 % del uso operativo de la instalación, sin obligación de rendición de cuentas respecto a los objetivos de observación, lo que generó alarma en expertos y organismos de defensa.

Por parte de Argentina, la gestión chilena decidió detener el ingreso aduanero de materiales chinos destinados al proyecto y no prolongar el vínculo institucional que facilitaba el convenio entre el CONICET y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
La UNSJ protestó la decisión, argumentando que el proyecto llevaba más de 30 años de cooperación científico-china y que esta decisión abrupta podría frenar avances tecnológicos y académicos locales. 

En el plano diplomático, la medida se interpreta como un viraje del país hacia una mayor alineación con Occidente y EE.UU., además de un mensaje claro sobre la autonomía estratégica nacional. 
El gobierno, por su parte, sostiene que primera prioridad es mantener la soberanía funcional sobre instalaciones de esta naturaleza y garantizar que cualquier instalación extranjera bajo jurisdicción nacional tenga controles claros, transparencia y reciprocidad.

El futuro de la cooperación científico-tecnológica con China en el ámbito espacial queda ahora en un limbo: se abre una fase de renegociación, y tal vez de redefinición de alianzas, mientras la sociedad argentina avanza en el debate sobre los límites entre ciencia, política y seguridad.