El Gobierno nacional formalizó el acuerdo con Starlink, la compañía de internet satelital de SpaceX, para llevar conectividad a 6.000 escuelas argentinas que actualmente no cuentan con internet o tienen un servicio considerado insuficiente.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 857/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y presenta un dato que va más allá del anuncio inicial: el proyecto contempla un aporte público superior al valor de la contribución realizada por Starlink.
El programa tendrá un costo oficial estimado de US$21,876 millones durante sus primeros tres años. De ese monto, Starlink aportará cerca de US$9,978 millones, mientras que otros US$11,898 millones serán financiados a través del Fondo del Servicio Universal (FSU), administrado por el Enacom.
Una conexión que empieza como donación y continúa con fondos públicos
El aporte de Starlink fue presentado como una donación con cargo. La compañía aportará 6.000 kits, accesorios y costos de envío por aproximadamente US$2,778 millones, además de asumir los primeros 24 meses de conectividad, valuados en otros US$7,2 millones.
El resto del esquema será financiado por el Fondo del Servicio Universal, que se nutre de aportes realizados por las empresas de telecomunicaciones.
Ese fondo tendrá a su cargo casi US$11,9 millones destinados a la instalación de los equipos, gestión del servicio, asistencia técnica, monitoreo durante tres años y el tercer año de conexión.
En términos generales, el costo inicial del programa equivale a unos US$3.646 por escuela durante los primeros tres años.
La letra chica: el gasto cambia de manos en 2030
Uno de los puntos centrales del acuerdo aparece al mirar más allá de los primeros tres años.
Starlink asumirá los primeros 24 meses de conectividad. El Fondo del Servicio Universal cubrirá el tercer año. Pero, a partir de ese momento, la continuidad y el financiamiento del servicio quedarán a cargo de las provincias o municipios responsables de cada establecimiento.
Es decir, la conexión puede comenzar con financiamiento nacional, pero su sostenimiento en el largo plazo deberá ser afrontado por las jurisdicciones que tengan a su cargo las escuelas.
Este esquema convierte al costo futuro en uno de los principales puntos a seguir, especialmente para las provincias que deberán incorporar el servicio a sus presupuestos una vez finalizado el período inicial contemplado en el convenio.
Starlink también tendrá un papel en la instalación
El acuerdo establece otra condición particular: los equipos no podrán ser instalados por cualquier proveedor.
La instalación y entrega deberán realizarse exclusivamente a través de distribuidores autorizados por Starlink. La empresa será la encargada de seleccionar esos operadores, afrontar inicialmente sus costos y luego trasladarlos al Fondo del Servicio Universal mediante la correspondiente facturación.
El mecanismo busca mantener estándares técnicos uniformes, aunque también concentra en la propia compañía la selección de los proveedores autorizados para realizar una parte de las tareas financiadas con recursos públicos.
¿Qué escuelas recibirán los equipos?
Todavía no existe una nómina definitiva de los 6.000 establecimientos.
La selección estará a cargo de la Secretaría de Educación junto con el Enacom y deberá priorizar escuelas que no tengan conectividad o que cuenten con servicios deficientes.
Entre los datos que deberán relevarse figuran la ubicación de cada establecimiento, cantidad de alumnos y docentes, disponibilidad eléctrica y existencia de una sala de computación, entre otros requisitos técnicos.
Por ese motivo, aún no está definido cuántas escuelas recibirá cada provincia.
Un programa que pone el foco en la brecha digital
El objetivo del acuerdo apunta a uno de los problemas que los promedios nacionales de conectividad muchas veces no muestran: las instituciones ubicadas en zonas donde la infraestructura tradicional de telecomunicaciones todavía resulta insuficiente.
La tecnología satelital permite llegar a establecimientos alejados de los grandes centros urbanos sin depender de la expansión inmediata de redes terrestres de fibra óptica.
El desafío, sin embargo, no termina cuando se instala la antena.
El verdadero costo del programa deberá medirse también en el tiempo: qué provincias podrán sostener el servicio, cuánto costará mantenerlo y cómo evolucionará el financiamiento una vez terminado el período inicial.
Así, detrás del anuncio de las 6.000 escuelas conectadas aparece una segunda historia, menos visible pero relevante para las cuentas públicas: la inversión necesaria para que esa conectividad no sea solamente una solución de tres años.
