El gobierno nacional planea destinar 92,2 billones de pesos al pago de prestaciones sociales en 2026, según lo detalla el proyecto de presupuesto.
Este monto representa aproximadamente el 62 % del gasto total proyectado para el año, que asciende a 148,1 billones de pesos.

De ese paquete, la porción más grande se destinará a jubilaciones contributivas y no contributivas: 71 billones, equivalente al 6,9 % del PBI.  Las asignaciones familiares recibirán 10,1 billones, aunque el gobierno no planea actualizarlas por inflación, según lo establece el artículo 73 del proyecto presupuestario. 

Además, se prevén 3,6 billones para el PAMI, de los cuales unos 2 billones provendrán de detracciones sobre los haberes de jubilados y pensionados, y los otros 1,6 billones quedarán como asistencia financiera del Tesoro. Para planes y programas sociales se asignan 7,4 billones, un aumento del 20 % respecto a lo presupuestado para este año. 

Por su parte, el Ejecutivo reafirmó que los aumentos para los jubilados se mantendrán atados principalmente a la inflación. Sin embargo, quienes cobran la jubilación mínima no recibirán un incremento extra ni un ajuste sobre el bono actual, que permanecerá congelado. 

El proyecto también plantea ambición fiscal: se estima lograr un superávit financiero para 2026.  Al mismo tiempo, la administración destaca que la “Función Seguridad Social” —que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros programas básicos— sigue siendo la prioridad central del gasto público.