El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció la eliminación de la triangulación en el sistema de aportes a obras sociales y prepagas, una medida que, según afirmó, pone fin a un “negocio histórico” que operó legalmente en el país durante los últimos 30 años.
Con la reciente resolución, alrededor de 1.400.000 afiliados comenzarán a realizar sus aportes directamente a la empresa de medicina prepaga que les presta el servicio, sin intermediaciones. Esta decisión busca transparentar el sistema y reducir costos para los beneficiarios.
Un sistema con costos ocultos
A través de sus redes sociales, Lugones explicó que la triangulación permitía que entidades sin prestación real de servicios retuvieran una parte de los aportes de los trabajadores. “Estamos hablando de más de 30 mil millones de pesos por mes, es decir, 360 millones de dólares al año que eran absorbidos por intermediarios que no ofrecían ninguna cobertura de salud”, señaló.
Además, el funcionario destacó que esta reforma es parte de una transformación más amplia en la gestión del sistema sanitario. “Nuestro objetivo es eliminar privilegios y lograr un ahorro real para los afiliados, quienes también podrán ver una reducción en el valor de sus cuotas en los próximos meses”, afirmó.
Cómo funcionará el nuevo esquema
Hasta ahora, los trabajadores que elegían una prepaga estaban obligados a derivar parte de sus aportes a una obra social, que actuaba como intermediaria y retenía una comisión de entre el 3% y el 10%. Con la nueva normativa, se elimina esa obligatoriedad y los trabajadores podrán decidir libremente a dónde destinar sus aportes.
Quienes prefieran mantener su afiliación a una obra social en lugar de derivar sus aportes automáticamente a la prepaga tendrán un plazo de 60 días para formalizar su decisión. No obstante, las obras sociales que continúen operando no podrán girar fondos a prepagas como ocurría hasta ahora.
Las «obras sociales fantasma» bajo la lupa
Desde el Ministerio de Salud indicaron que este sistema de intermediación permitió la creación de sellos de goma, es decir, obras sociales con mínima actividad pero con ingresos millonarios. Algunas de las entidades señaladas incluyen:
- OSCNA (Comisarios Navales): 161.000 afiliados con solo 4 empleados.
- OSSDEB (Serenos de Buques): 60.000 afiliados, atendidos por 8 empleados.
- OSCEAR (Empresarios de Remises): 5.500 millones de pesos en ingresos mensuales con 63 empleados.
- OSADRA (Árbitros Deportivos): Recauda 1.200 millones de pesos al mes con apenas 7 empleados.
Para evitar este tipo de situaciones, la nueva resolución exige que todas las entidades que operen con fondos de la seguridad social se inscriban en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS).
Un cambio que se venía gestando
Esta reforma profundiza un proceso iniciado en febrero de 2024, cuando el Gobierno habilitó un trámite en la web de ARCA para eliminar la intermediación de las obras sociales. Sin embargo, la cantidad de trabajadores que optaron por este mecanismo fue mínima.
Ahora, con la resolución 1/25, se establece que todas las prepagas que reciban fondos de la seguridad social deberán registrarse en el RNAS y recibir los aportes directamente de sus beneficiarios.
El decreto se enmarca dentro de la desregulación del sistema de salud impulsada por el presidente Javier Milei a través del DNU 70/23, que modificó las leyes 23.660 y 23.661 e incorporó a las prepagas como agentes del seguro de salud.
La Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Gabriel Oriolo y Claudio Stivelman, será la responsable de garantizar el cumplimiento de estas nuevas disposiciones y aplicar sanciones a las entidades que no cumplan con la inscripción obligatoria.
Este nuevo esquema busca eliminar intermediaciones innecesarias y permitir que los trabajadores tengan un mayor control sobre sus aportes, asegurando que el dinero destinado a su cobertura de salud sea utilizado de manera más eficiente.